Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español favorece que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. El urbanismo depredador es hoy por hoy una de las principales causas de destrucción del territorio, de especulación económica, de corrupción política, de enriquecimiento ilícito y un menoscabo al derecho de acceso a una vivienda digna.
Los datos son elocuentes. Entre 1987 y 2000 la superficie urbanizada en España se incrementó un 29,5%. Se estima que de 1987 a 2005 este incremento alcanzó el 40%. En ese periodo la provincia de Madrid urbanizó más del 50% de su superficie urbana previa.
Esta marea urbanizadora arrasa con todo. La degradación del litoral mediterráneo es un ejemplo que se extiende a todo el Estado. Las costas del norte se resienten afectando a importantes ecosistemas marítimos. La declaración de espacio natural protegido ya no es garantía de supervivencia, los gobiernos autónomos modifican los límites y revisan la normativa, autorizando complejos residenciales, grandes infraestructuras, estaciones de esquí, puertos deportivos.
Estos problemas se agravan con el despilfarro de agua y otros recursos asociados al nuevo modelo imperante de ciudad dispersa, donde los campos de golf son un reclamo esencial para aumentar aún más el precio de la vivienda. Así, el desvío de recursos hídricos a las nuevas áreas residenciales está alterando gravemente zonas naturales que albergan una gran biodiversidad, como son los humedales y los ecosistemas fluviales. En el futuro, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas del cambio climático, los problemas de acceso al agua se verán agravados y con ello el deterioro de las zonas naturales más sensibles. Pero nada de esto se tiene en cuenta en la planificación urbanística.
Como resultado final de esta actividad frenética, el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE. Somos el país con un ritmo de construcción más alto, pero también el país donde resulta más difícil el acceso a la vivienda. Entre 1987 y 2005 el aumento acumulado del precio de la vivienda fue del 250%. El nivel de endeudamiento familiar alcanzó el 125% de la renta disponible. Hacer frente al préstamo contraído para comprar un piso detrae de media más del 40% del salario. Este porcentaje se eleva a un 70% en el caso de los jóvenes. Por ello, las hipotecas han ido alargando sus plazos pasando de 25 a 40 años para llegar incluso a los 50.
Esta situación se agrava en la Comunidad de Madrid, donde, a pesar del ritmo de construcción, el precio medio de la vivienda y el valor de las hipotecas se sitúa por encima del 50% de la media nacional. En este contexto la política regional de vivienda no ha cambiado, se sigue fomentando la nueva construcción frente a la restauración y la adquisición en propiedad frente al alquiler.
Ante este panorama, parece obvio que el sistema ha fracasado. NO DEBEMOS SEGUIR ADMITIENDO ESTA SITUACIÓN de políticos corruptos, de alcaldías delincuentes, de gobiernos regionales al servicio del “ladrillo”, de mafias económicas, de empresarios sin escrúpulos y de jueces complacientes con la actividad económica ilícita y favorecedores de esta situación. Es el momento de plantear propuestas dirigidas a la raíz del problema, lejos de las soluciones milagreras características de los periodos electorales. Es necesario:
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Devolver la autoridad al planeamiento urbanístico para evitar actuaciones al margen del mismo. Prohibir los convenios urbanísticos, perseguir la corrupción y resolver los mecanismos de financiación municipal y de los partidos políticos.
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Recuperar la función social del urbanismo, planificando el territorio no en base al mercado sino a las necesidades reales de la población. Las ciudades deben diseñarse de acuerdo a los principios de eficiencia (suelo, energía, agua, movilidad, calidad de vida…)
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Mejorar el marco legislativo actual y, sobre todo, garantizar su adecuada aplicación mediante la puesta en marcha de medidas eficaces de control urbanístico y ordenación del territorio.
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Que se garantice la aplicación real del artículo 47 de la Constitución Española
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Garantizar la transparencia en todos los procedimientos urbanísticos. Permitir a la ciudadanía el acceso a la información y la participación.
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Ordenar y planificar la utilización del territorio, a nivel regional, con el fin de garantizar la utilización sostenible del mismo, limitar su destrucción y evitar la degradación medioambiental.
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Demoler las construcciones y urbanizaciones ilegales.
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Lograr una mayor independencia y eficacia judicial dotando de los medios necesarios a las instancias judiciales.
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Incentivar el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la propiedad y la nueva construcción.
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Aplicar medidas fiscales severas sobre las viviendas vacías y las transmisiones especulativas.
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Eliminar progresivamente las desgravaciones fiscales por compra de vivienda y aplicar medidas que limiten la capacidad de endeudamiento.
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Crear un patrimonio público de vivienda social permanente, cuyas transacciones no supongan generación de plusvalías, destinado a garantizar las necesidades de alojamiento de los sectores más frágiles de la población.
ES NECESARIO UN CAMBIO DE MODELO ¡YA!,
¡NO TE DEJES ENGAÑAR!
¡MOVILÍZATE AHORA! ¡NO ESPERES 50 AÑOS!
Datos de la convocatoria:
CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
ORGANIZACIONES CONVOCANTES:
Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo, Plataforma por una Vivienda Digna, Asamblea por el Derecho a Techo Barrio del Pilar, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación de Vecinos La Flor (Barrio del Pilar), Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA, Greenpeace, Jarama Vivo, Asociación Sierra Oeste SOStenible, Salvemos la Sierra, Alpedrete Sostenible, Salvemos Las Rozas, Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, ATTAC, CGT y Solidaridad Obrera. Apoyan también este manifiesto SEO-Birdlife y otras organizaciones.
