La Coctelera

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Categoría: Economía y Empleo

23 Junio 2009

En Holanda, los accionistas de Shell se han rebelado esta semana contra las retribuciones de sus consejeros. En EE UU, un país donde los sueldos astronómicos se ven con naturalidad, las primas de los ejecutivos de AIG, rescatada con ingentes cantidades de dinero público, se han convertido en un escándalo nacional. En el Reino Unido, varios activistas apedrearon la casa del ex presidente del Royal Bank of Scotland y destrozaron su Mercedes por la alta pensión que se aseguró pese a dejar al banco al borde de la ruina. Por todo el mundo, en tiempos de crisis, el sueldo de los ejecutivos se ha convertido en materia sensible.

¿Y en España? En España pocas veces los sueldos de los ejecutivos han sido motivo de escándalo. Cuando eso ha ocurrido se ha debido más bien a sus posibles implicaciones políticas (como con las famosas stock options del ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, o la multimillonaria indemnización a Manuel Pizarro). Aquí sería muy difícil que la junta rechazara las retribuciones como en el caso de Shell, pues las empresas incumplen sistemáticamente la recomendación de someter a votación un informe con las retribuciones de los consejeros. También en España ha habido varios casos de indemnizaciones millonarias a gestores que han dejado sus empresas al borde de la suspensión de pagos. Sin embargo, ni siquiera esos casos han despertado por ahora un debate social sobre la materia comparable al de algunos países de nuestro entorno. Está por ver si la dureza de la crisis aumenta la sensibilidad sobre la cuestión.

Por ahora, la crisis se ha dejado sentir sólo muy ligeramente en las retribuciones de los consejos de administración de las compañías cotizadas. Es verdad que desde que dichas empresas están obligadas a presentar sus informes anuales de gobierno corporativo, 2008 fue el primer año en que la cuantía total recibida por los consejos cayó. Sin embargo, lo hizo muy levemente (poco más del 1% en el conjunto de las empresas del mercado continuo) y ese descenso se explica prácticamente en exclusiva por las menores indemnizaciones por cese pagadas el año anterior. En 2007, Manuel Pizarro cobró unos 14 millones de compensación al dejar Endesa, mientras que los presidentes de Enagás y Acerinox recibieron por su cese pagos de 4,7 y 5,9 millones, respectivamente.

Sin esas tres indemnizaciones, el sueldo agregado de los consejos de las empresas cotizadas subiría un 4,6%, en lugar de bajar.

Si a eso se une que la retribución de los altos directivos que no son miembros del consejo creció un 10%, la conclusión es que la cúpula de las empresas apenas ha sufrido la primera andanada de la crisis. De hecho, la retribución conjunta de consejeros y altos directivos creció un 4,5% hasta los 914,8 millones de euros.

Los expertos creen que las cosas pueden cambiar este año, sobre todo por lo que se refiere a la retribución variable. En la mayoría de las empresas se pagaron durante 2008 los bonos por resultados y objetivos correspondientes al ejercicio 2007, un año récord en beneficios. En 2009, sin embargo, se pagarán los sobresueldos por las cuentas de 2008, que ya fueron algo peores. Además, muchas empresas han puesto en marcha planes de austeridad para hacer frente al deterioro económico que suponen congelaciones o rebajas de sueldos de consejeros y directivos.

"No es el momento de grandes beneficios ni de salarios excesivos ni de rentabilidades a corto plazo; éste es el momento de comprometerse con el país", dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 26 de enero en el programa Tengo una pregunta para usted. En los días siguientes, al tiempo que se publicaban las retribuciones de 2008, muchas empresas anunciaban medidas de austeridad.

Entre las grandes empresas cotizadas, la primera en proclamar que se apretaba el cinturón para los tiempos de crisis fue Repsol YPF, pero muchas otras se han sumado después, entre ellas el Santander, BBVA o Iberdrola, que cuentan con los directivos mejor pagados.

En los consejos de administración, el grueso de la retribución se concentra en los consejeros con tareas ejecutivas. En las más de 120 empresas analizadas, son 258 sobre un total de 1.417 administradores, menos de la quinta parte. Sin embargo, su sueldo representa más de dos tercios del total, 300 millones de euros sobre 433,5 millones, una desproporción que se acentúa en el caso de las empresas del Ibex 35.

El sueldo medio de los consejeros ejecutivos es de 1,16 millones de euros, lo que supone justo 10 veces más de lo que cobran los consejeros externos. En el caso de los 82 consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, en su mayoría presidentes y consejeros delegados, la cifra casi se duplica, hasta los 2,2 millones de media. En esa cifra no se incluyen aportaciones a planes de pensiones ni, en ocasiones, gratificaciones extraordinarias o incentivos plurianuales.

A elevar la media contribuyen los principales directivos de las grandes empresas. En 2008, el mejor pagado de todos ellos fue Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, con una paga fija y variable de 9,3 millones y un aumento de su fondo de pensiones de otros 12 millones. Le sigue el presidente del BBVA, Francisco González, con 5,7 millones de paga fija y variable, 11,22 millones de aumento de pensión y otros 3,3 millones en acciones por un incentivo plurianual. El tercero es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ganó 6,5 millones más una gratificación de 10,24 millones "por consecución de objetivos de planes estratégicos plurianuales y situaciones excepcionales y puntuales".

Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, recibió 344.574 euros como presidente del consejo, 2,7 millones por sus funciones ejecutivas, 360.000 euros de filiales, 2,4 millones en pólizas de seguros y aportaciones a planes de pensiones y 866.000 euros de provisión para una retribución plurianual. En total, 6,7 millones.

Entre las grandes compañías, Telefónica es la única que no publica el sueldo de su presidente, César Alierta, incumpliendo así las recomendaciones de buen gobierno. Los tres consejeros ejecutivos que tiene la compañía recibieron 14,1 millones de euros (incluyendo una retribución plurianual de 2,1 millones), más 1,86 millones para un plan de previsión. La cifra no incluye los 11,9 millones que percibió por retribución e indemnización António Viana, que cesó en enero de 2008.

Los órganos de administración con una remuneración conjunta más alta son los del Banco Santander, Telefónica y BBVA. Esa cifra total depende mucho, precisamente, del número de ejecutivos que se sienten en la mesa del consejo.

La retribución del consejo cayó en 2008 en 35 de las empresas analizadas, algo más de la cuarta parte, si bien algunas rebajas se deben a factores excepcionales. Son minoría, pero se trata de la mayor proporción de bajadas de sueldos de los últimos años.

Junto a los consejeros ejecutivos, las empresas cotizadas tienen 1.105 empleados calificados como altos directivos, una categoría para la que cada empresa sitúa el listón en un nivel diferente, de modo que Telefónica sólo considera como tales a seis, mientras que ACS incluye a 50. En total, ese millar largo de directivos cobró 479 millones. De nuevo sobresalen los directivos del Santander (3,6 millones de media), Telefónica (2,4 millones) y BBVA (1,7 millones, aunque, en este caso, sin contar el incentivo plurianual).

Más información en....

 

http://www.elpais.com/articulo/semana/consejeros/esquivan/crisis/elpepueconeg/20090524elpneglse_2/Tes

 

5 Junio 2009

Aunque con un cierto desfase temporal, la información publicada por el diario Expasión el pasado Agosto nos permite tener una idea de las diferencias abismales que, en materia de ingresos se vive en la ESPAÑA Oficial, sin tener en cuenta los datos siempre ocultos de los ingresos astronómicos del sctor privado; Bancos, Constructoras, Farmaceúticas, Aseguradoras, etc etc.  

·    Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador/a sea de 624 €/mes y el de un "Sr./Sra." diputad@ 3.996 €/mes, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a los 6.500 €/mes;
·    Indecente, es que un Sr./Sra. catedrátic@ de universidad o un Sr./Sra. cirujan@ de la sanidad pública ganen menos que un concejal de festejos en un ayuntamiento de tercera;
·    Indecente, es que los polític@s se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre claro está, por unanimidad, por supuesto y al inicio de cada legislatura);
·    Indecente, es comparar la jubilación de un diputad@ con la de una viuda;
·    Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los "Srs./Sras." diputad@s les baste con "SOLO" siete años y los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima necesiten solo jurar el cargo;
·    Indecente, es que los diputad@s sean los únicos "trabajadores" (¿?) de este país  que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF;
·    Indecente, es colocar en la administración a miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados; o liberados con sueldo de partidos y sindicatos ...
·    Indecente, es el millonario gasto en mediocres TV autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos más mediocres;
·    Indecente, es el ingente dinero destinado a sostener los partidos políticos, aprobado por los mismos políticos que viven de ellos; (otra de Juan Palomo)
·     Indecente, es que a un polític@ no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer un cargo (y no digamos intelectual o cultural);
·    Indecente, es el coste que representa para los demás ciudadanos españoles, sus comidas, sus coches oficiales, sus chóferes, sus viajes (siempre en gran clase) y sus tarjetas de crédito por doquier;
·    Indecente, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año;
·    Indecente, es que sus señorías cuando cesan en sus cargos, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses;
·    Indecente, es que ex-ministros, ex-secretarios de estado y ex-altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público;
·    Indecente, es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos.
·    Indecente, es que nos oculten sus privilegios y prebendas (sustantivo femenino que significa ganga, inmunidad, sinecura, poltrona, enchufe, momio, chollo, bicoca, etc., etc.,) mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven.
·    INDECENTE, ES QUE SIEMPRE SE ARREGLE ESPAÑA y sus  presupuestos, CON EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS !Mientras hablan de política social y derechos sociales¡

Y como muestra, un botón. Veamos un ejemplo simple y sencillo, para comparar a un polític... con un funcionari@ o un jubilad@.

Top Ten DE ESPAÑA 10 políticos.  A PELO Y SIN DIETAS (QUE TAMBIÉN PUEDEN VIVIR DE ELLAS)

1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla 164.043,54 euros
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho 144. 200 euros
3.. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 117.398 euros
4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert 108.220 euros
5. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
6. Presidente País Vasco, Juan José Ibarretxe 99.574 euros
7. Presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao 99.540 euros
8. Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre 98.700 euros
9. Presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert 98.000 euros
10. Presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín 97.339 euros

ALCALDES MEJOR PAGADOS DEL PAIS
1..- Barcelona : Jordi Hereu 117.398 euros
2.- Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
3. Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873 euros
4. Zaragoza - Juan alberto Belloch 92.414 euros
5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000 euros
6. Valencia - Ritá Barberá 90.296 euros
7 .Castellón - Alberto Fabra 88.000 euros
8. Vitoria - Patxi Lazcoz 85.570 euros
9. Oviedo - Gabino de Lorenzo 84.588 euros
10. Tenerife - Miguel Zerolo 84.445 euros
11. San Seba stián - Odón Elorza 82.091 euros
12. Huelva - Pedro Rodríguez 81.014 euros
13. Lleida - Ángel Ros 80..645 euros
14. Málaga - Francisco de la Torre 77.678 euros
15. Badajoz - Miguel Ángel Celdrán 73.500 euros
16. Santander - Iñigo de la Serna 72.416 euros
17. Alicante - Luis Diaz Alpieri 72.000 euros
18. Murcia - Miguel Ángel Cámara 72.000 euros
19.Ourense - Francisco Rodríguez 72.000 euros
20. Almería - Luis R. Rodríguez Comendador 71.005 euros
21. Salamanca - Julián Lanzarote 70.872 euros
22. Las Palmas - Jerónimo Saavedra 68.148 euros
23. Cuenca - Francisco Javier Pulido 68.000 euros
24. A Coruña - Javier Losada 66.942 euros
25. Burgos - Juan Carlos Aparicio 66.942 euros
26. Cádiz - Teofila Martínez 66.942 euros
27. Guadalajara - Antonio Román 66.492 euros
28. Ciudad Real - Rosa Romero 66.476 euros
29. Granada - José Torres 65.977 euros
30. Zamora - Rosa Baldeón 64.950 euros
31. Sevilla - Alfredo Sánchez Monteseirín 64.450 euros
32. Albacete - Manuel Pérez 63.434 euros
33. Córdoba - Rosa Aguilar 63.260 euros
34. León - Francisco Fernández 63.206 euros
35. Lugo - José López Orozco 63.000 euros
36. Palma de Mallorca - Aina Calvo 62.356 euros
37. Pamplona - Yolanda Barcina 61.982 euros
38. Girona - Anna Pagans 60.924 euros
39..Segovia - Pedro Arahuetes 60. 824 euros
40. Toledo - Emiliano García 60.389 euros
41. Cáceres - María Carmen Heras 60.200 euros
42. Pontevedra - Miguel Ángel Fernández 60.000 euros
43. Soria - Carlos Martínez 60.000 euros
44. Jaén - Carmen Purificación Peñalver 59.044 euros
45. Logroño - Tomás Santos 58.000 euros
46. Ávila - Miguel Ángel García 58.000 euros
47. Huesca - Fernando Elboj 48.688 euros
48. Teruel - Miguel Ferrer 47.000 euros
49.Palencia - Heliodoro Gallego 45.057 euros
50. Tarragona - Joseph Félix Ballesteros 33.264 euros

Presidentes de comunidades autónomas (salario anual)

1. José Montilla - Cataluña 164.043,54 euros
2.-. Juan José Ibarretxe - País Vasco 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre - Madrid 98.700 euros
4. Marcelino Iglesias - Aragón 87.000 euros
5. Emilio Pérez Touriño - Galicia 83.374 euros
6. Paulino Rivero - Canarias 79.963 euros
7. Manuel Chaves - Andalucía 78.791 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León 78.791 euros
9. José María Barreda - Castilla La-Mancha 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel - Murcia 78.791 euros
11. Miguel Sanz - Navarra 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana 77.988,24 euros
13. Francesc Antich - Baleares 70.657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla - Cantabria 68.666 euros
15. Vicente álvarez Areces - Asturias 68.002 euros
16. Pedro Sanz - La Rioja 63.376,32 euros
17. Guillermo Fernández Vara - Extremadura 54.244,56 euros

Presidente de las diputaciones provinciales (salario anual)
1. Barcelona - Celestino Corbacho 144.200 euros
2. Lleida - Jaume Gilabert 108.220 euros
3. Vizcaya - José Luis Bilbao 99.540 euros
4. Girona - Enric Vilert 98.000 euros
5. Palencia - Enrique Martín 97.339 euros
6. Álava - Xabier Aguirre 92.596 euros
7. Castellón - Carlos Fabra 92.400 euros
8.. Tarragona - Josep Poblet 92.000 euros
9. Málaga - Salvador Pendón 89.000 euros
10. Teruel - Antonio Arrufat 85..000 euros
11. Ávila - Agustín González 83. 521 euros
12. Toledo - José Manuel Tofiño 82.908 euros
13. Gran Canaria - José Miguel Pérez 81.538 euros
14. León - Isabel Carrasco 80.920 euros
15.. Almería - Juan Carlos Usero 79.660 euros
16. Zaragoza - Javier Lambán 78.000 euros
17. Valencia - Alfonso Rus 77.988 euros
18. Pontevedra - Rafael Louzán 77.988 euros
19. Coruña - Jesús Salvador Fernández 77..988 euros
20. Salamanca - Isabel Jiménez 77. 591 euros
21. Tenerife - Ricardo Melchior 76.968 euros
22. Cádiz - Francisco González 76.000 euros
23. Lanzarote - Manuela Armas 75.995 euros
24. Ciudad Real - Nemesio De Lara 72.991 euros
25. Segovia - Javier Santamaría 72.568 euros
26. Ourense - José Luis Baltar 72.408 euros
27. Alicante - José Joaquín Ripoll 72.061 euros
28. Valladolid - Ramiro F. Ruiz 70.000 euros
29. Fuerteventura - Mario Cabrera 69.566 euros
30. Albacete - Pedro Antonio Ruiz 68.600 euros
31. Cáceres - Juan Andrés Tovar 68.236 euros
32. Badajoz - Valentín Cortés 68.236 euros
33. Cuenca - Juan Manuel Ávila 68.002 euros
34. Mallorca - Francina Armengol 68.000 euros
35. Huelva - Petronila Guerrero 67.490 euros
36. Ibiza - Xico Tarrés 66.000 euros
37.Jaén - Felipe López 66.000 euros
38. Soria - Efrén Martínez 63.639 euros
39. Menorca - Joana Barceló 63.100 euros
40.Granada - Antonio Martínez 62.493 euros
41. Zamora - Fernando Martínez 61.734 euros
42. Córdoba - Francisco Pulido 61.336 euros
43. Burgos - Vicente Orden 59. 990 euros
44. Guadalajara - María Antonia Pérez 59.336 euros
45. Sevilla - Fernando Rodríguez 51.936 euro

Fuente: EXPANSION.COM del dia 4 de agosto de 2008
 

11 Noviembre 2008

Se ha iniciado una llamada en la red para que el próximo 15 de noviembre se organicen concentraciones en distintas ciudades españolas coincidiendo con la reunión en Washington de los líderes del G-20 para adoptar nuevas medidas contra la crisis y discutir una reforma del sistema financiero mundial.

Los actos, que responden a la idea ‘Que la paguen ellos’, están convocados para el sábado 15 de noviembre a las 5 de la tarde.

EE.UU ha destinado 700.000 millones de dólares para salvar entidades financieras, cinco veces más que lo que aprobó la ONU para alcanzar los Objetivos del Milenio.

Para ese mismo día un grupo que conforma un anillo de blogs solidarios van a lanzar un comunicado al que me sumo desde ya.

A Coruña: Plaza de Maria Pita
- Alacant: Explanada de España, frente a la Rambla de Méndez Núñez
- Albacete: Plaza del Altozano, donde esta la gorda con la rosa que parece un polo!
- Almeria: Plaza Circular
- Ávila: Plaza del Chico
- Aviles: Plaza de España
- Badajoz: Plaza de San Francisco
- Barcelona: Plaça Catalunya
- Bilbo: Centro Civico de La Bolsa (C/ Pelota - Casco Viejo - Bilbao)
- Burgos: Plaza Mayor
- Cáceres: Plaza Mayor
- Cádiz: Plaza de San Juan de Dios
- Castello: Plaça de la Independència
- Ciudad Real: Parque del Torreon
- Córdoba: Plaza de las Tendillas
- Elx: Plaça Baix
- Gijón: Plaza del Parchís
- Granada: Fuente de las Batallas
- Graus: Plaza España
- Huesca: Plaza Navarra
- Jaén: Plaza de la Constitución
- Las Palmas de Gran Canaria: Parque Santa Catalina
- León: Plaza de San Marcelo
- Madrid: Puerta del Sol
- Málaga: Plaza de la Constitución
- Mérida: Plaza de España
- Murcia: Glorieta de España
- Palencia: Plaza Mayor
- Pamplona- Iruñea: Plaza del Castillo
- Salamanca: Plaza Mayor
- San Sebastián- Donostia: Jardines de Alderdi Eder
- Santa Cruz de Tenerife: Plaza de la Candelaria
- Santander: Plaza del Ayuntamiento
- Santiago de Compostela: Praza do Obradoiro
- Segovia: Plaza del Azoguejo
- Sevilla: Plaza Nueva
- Soria: Plaza de Herradores
- Teruel: Plaza del Torico
- Toledo: Plaza de Zocodover
- Valencia: Plaça Ajuntament
- Valladolid: Plaza Mayor
- Vigo: Puerta del Sol
- Vitoria-Gasteiz: Plaza de la Virgen Blanca
- Zaragoza: Plaza del Pilar

5 Abril 2007


Entrevista con Enrique Costas Lombardía, economista y ex-vicepresidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud. Aquí desenmascara las mentiras de la industria farmacéutica.

Salvador López Arnal (El Viejo Topo)
21.02.2007

Enrique Costas Lombardía es economista y fue vicepresidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (también conocida como "Comisión Abril"). Con eso, según el propio Costas Lombardía, bastaría para su presentación, aunque, por otra parte, Costas es también "alto, delgado y viejo", y con muchos años de dedicación a los asuntos sanitarios. Aquí desenmascara las mentiras de la industria farmacéutica.

- ¿Cuáles son los principales laboratorios farmacéuticos que operan en España? ¿Podría indicarnos el volumen de su negocio, sus beneficios en estos últimos años?

- Los mismos que también son principales en casi todos los países: laboratorios multinacionales, como Bayer, Norvatis, Lilly, Pfizer, Abbot, Roche, Pharmacía y algunos otros. Cada vez menos, porque tienden a concentrarse para ampliar la capacidad financiera y el dominio del mercado.

No conozco las cifras de ventas de cada uno, pero sin duda son altas, en proporción al enorme y creciente gasto en medicamentos, que, en 2004, ascendió en España a unos 14.000 millones de euros, 2 billones 300.000 millones de pesetas, y en el mundo a, más o menos, 450.000 millones de euros, 75 billones de pesetas.

¿Cuánta es la ganancia de la industria?, pregunta Vd. Pues no lo sé. No hay datos públicos fiables. Un economista americano, Uwe Reinhardt, estima el 21% de beneficios después de impuestos, y también después de dedicar a investigación un 14% de las ventas (que no todos lo hacen). Otros calculan porcentajes más altos. En cualquier caso hay indicios muy sólidos de que la rentabilidad de la industria farmacéutica es extraordinaria. Hay indicios como el alto número de medicamentos patentados -y la patente permite fijar precios de monopolio-, o que en la lista de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos que cada año publica la revista Fortune, las compañías farmacéuticas incluidas son siempre las primeras, y muy destacadas, en las cifras de beneficios, ya se midan éstos en porcentaje de las ventas o en tasa de retorno del capital. En fin, bien puede decirse que hacer medicamentos produce espléndidas ganancias, y con esas ganancias va el poder.

- Farmaindustria, una asociación de laboratorios farmacéuticos que dice estar preocupada por la ética comercial, se ha autoimpuesto recientemente una sanción de 500.000 euros por publicidad engañosa y por atenciones irregulares a los médicos. ¿Qué prácticas de publicidad engañosa son esas? Es muy infrecuente que una asociación empresarial se autoimponga una sanción de estas características. ¿Por qué cree que han obrado de ese modo?

- Vamos a ver, Farmaindustria como asociación no se autosanciona. Farmaindustria elaboró un código, que llama de buenas prácticas comerciales, y los laboratorios asociados aceptan ser sancionados cuando lo incumplen. Es decir, el grupo se autorregula, se autojuzga y se autocondena. Aunque claramente todo esto no pasa de ser una comedia sin efecto alguno en el mercado ni en los consumidores. El fin real de este código es lavar la cara de la industria farmacéutica haciendo ver que está comprometida con la transparencia y la honradez. Sí, una forma de publicidad. Y de paso sirve para cohesionar el grupo, unificar sus criterios, moderar las carreras de descuentos o de regalos y, a mi juicio también, desfigurar a conveniencia de la industria conceptos y palabras.

Por ejemplo, la "publicidad engañosa" es para el código aquella que compara un producto con los competidores de otras marcas, cuando precisamente esa comparación es el único medio de impedir el engaño de muchos medicamentos nuevos que no mejoran los similares antiguos. Así, el código de buenas prácticas considera pubicidad engañosa a la que evita el engaño, y publicidad leal a la engañosa que hoy hacen los laboratorios. Y de modo parecido, llama "atenciones irregulares" no a las inmorales o pocas serias, sino a aquellas cuyo valor en euros no excede el aceptado tácticamente por la industria para obsequios e invitaciones.

- La industria farmacéutica suele sacar al mercado nuevos medicamentos que, supuestamente, mejoran los anteriores o tratan enfermedades que hasta entonces no eran tratadas. ¿Qué tipo de investigaciones realizan los grandes laboratorios? ¿Es verdad que sus planes están dirigidos básicamente hacia las poblaciones adineradas de los países adinerados?

- Vera Vd., el mercado farmacéutico, en teoría económica, es un mercado imperfecto. En él no se produce naturalmente la competencia por el precio. Se compite por diferenciación del producto, o sea, con medicamentos cuyas ventajas los hacen distintos y más deseables, como pueden ser la mayor efectividad, o seguridad, que sean más fáciles de usar, etc. Es obvio que los productos nuevos suponen la diferenciación más completa, son los competidores más fuertes, y por eso la industria farmacéutica destina a descubrirlos sumas considerables. La investigación farmacéutica no es, como la palabra "investigación" podría sugerir a muchos, un importante trabajo de indagación científica, sino el mecanismo de la industria para conseguir fármacos nuevos que, amparados por la patente y la marca comercial, llegan a constituir monopolios temporales que maximizan el lucro de la compañía. Este es el objetivo último y verdadero. La industria sólo investiga para alcanzar una posición dominante en el mercado y sólo cuando ese mercado puede asegurar una tasa de retorno atractiva. Pura lógica empresarial. De ahí que la investigación farmacéutica se concentre en las enfermedades crónicas prevalentes en los países desarrollados o adinerados, y abandone las que sufre la población de las naciones pobres sin recursos para pagar las medicinas. En resumen, la naturaleza de la investigación farmacéutica es meramente mercantil; no está motivada por la ciencia aunque emplee, claro está, medios científicos y produzcan remedios para algunas enfermedades que no los tiene. Faltaría más.

- ¿Qué porcentaje de estos nuevos fármacos representan mejoras reales, avances científicos efectivos?

- El mercado farmacéutico recibe una continua corriente de nuevos medicamentos siempre con precios elevados y que en gran proporción son clínicamente innecesarios. No todas las novedades son avances terapéuticos, ni mucho menos. Mire Vd, la Federal Drug Administration, FDA, de Estados Unidos, tan mencionada como referencia de autoridad, estima que sólo el 13% de los medicamentos nuevos mejoran de modo sustancial a los preexistentes más baratos; la Oficina Regional en Europa de la OMS calcula el 15%, y el organismo farmacéutico superior de Canadá, el Patented Medicines Prices Review Board, lo reduce al 7%. Dicho de otro modo, en más del 85 por 100 de los nuevos medicamentos la eficacia relativa -el resultado de comparar su eficacia con la de un fármaco similar ya en uso- es prácticamente nula. En más del 85 por 100, repito: la inmensa mayoría. Un dato que descubre la enorme extensión del engaño de las farmacéuticas, que propagan como mejor, y cobran muy caro, lo que sólo es igual a lo que ya hay a precio bajo. O sea, la sociedad paga más o mucho más por muy poco o por nada más. Bien puede decirse que el negocio y el beneficio de la industria farmacéutica están, en gran parte, asentados en el engaño y el despilfarro social.

- Pero si hay engaño, fraude, ¿cómo podría controlarse? ¿Por qué no intervienen los poderes públicos? Estamos hablando de fraude en temas de salud humana, no de cuestiones sin importancia. Por otra parte, un centro de investigación avanzada como el BIOCAT están notablemente financiado por la industria farmacéutica. ¿Por qué cree usted que operan de ese modo?

- Impedir el engaño es teóricamente sencillo. Basta con fijar el precio de los nuevos medicamentos, o decidir su inclusión en el sistema público de salud, en función del valor terapéutico añadido de cada uno, algo no muy difícil de evaluar por medio del análisis coste/efectividad o la eficacia relativa. De hacerse así, el precio de las novedades prescindibles no sería más alto que el de sus similares ya comercializados, y no permitiría al gasto de la publicidad mentirosa necesaria para presentarlas ante los médicos como verdaderos avances. Algunos países ya aplican esto o parecidos procedimientos. No muchos: Australia, que fue la primera, Nueva Zelanda, Francia, Finlandia, Reino Unido (con menos fuerza), y Estados Unidos para el consumo del Medicaid, el seguro federal para los pobres. No consienten el engaño. Claro que la industria farmacéutica es poderosa y hábil para aguar las medidas que le disgustan. Pero aun así, en casi todas esas naciones el precio medio de los medicamentos es más bajo y crece pausadamente, y la información al médico es mucho más cierta, permitiéndose distinguir entre la seudonovedad y la novedad.

En España, sin embargo, los políticos no quieren evitar el engaño, incluido el actual gobierno de izquierdas que se precia de justo defensor de lo público. Las medidas que desde hace tiempo se adoptan son sólo cosméticas, medidas para no tener que tomar medidas. Se sigue una política de entretenimiento o de hacer ver que se hace mientras se dejan pasar los días sin afrontar los problemas. Hace unos meses se aprobó la nueva Ley del Medicamento, y esa ley, que pretende modernizar el sector y ajustar el consumo de fármacos, tan excesivo, no obliga a comparar los nuevos con sus similares preexistentes. No impone el coste/efectividad ni la eficacia relativa. Al contrario, enaltece el placebo como patrón de referencia para medir la eficacia de un medicamento nuevo, cuando el placebo, que es, como Vd. sabe, una sustancia inerte, nunca puede revelar si la novedad es un avance terapéutico o una seudonovedad que no añade nada. La única explicación de los ensayos con placebo, dice con ironía Richard Nicholson, un bioético británico, es que así no se puede percibir que son muy pocos los nuevos fármacos que mejoran a los ya disponibles. El placebo encubre el gran engaño de la industria y, al parecer, la legislación española también. Esto podría ser la razón de la generosidad de las farmacéuticas al financiar centros de investigación, como BIOCAT, u otras operaciones de nuestros gobiernos. La industria invertiría dinero para conservar el favor del poder político.

- ¿Existe alguna vinculación entre la industria farmacéutica y los hospitales y facultades universitarias como las de Medicina o Económicas? ¿Cree ustde que el espacio público deberá aceptar esas intervenciones?

- El sector farmacéutico forma parte del sanitario, así que la relación o, como Vd. dice, la vinculaicón industria/hospita entra en la naturaleza de las cosas. Lo que ocurre es que el dinero de la industria ha degradado a una compra de voluntades. En busca de recetas, paga reuniones, cursos, proyectos de investigación, aparatos, etc. En los hospitales, la industria siempre se muestra como un dadivoso calculador que espera que el dinero regalado le sea devuelto con creces.

La relación con las Facultades de Economía, Centros de Estudios, Escuelas de Negocios o sociedades profesionales, es también de compra. La industria las subvenciona para conseguir que el ámbito académico no sea crítico, sino amistoso, y produzca trabajos con prestigio universitario en defensa de las patentes, los precios, el consumo, etc., en defensa de los beneficios de las farmacéuticas. Compran la protección de una red intelectual reconocida. Desde luego que el espacio público, como Vd. lo llama, no debería aceptar donaciones de la industria, ni en dinero ni en especie. Ayudan, claro que ayudan, y en ocasiones cubren necesidades perentorias de los servicios médicos, pero nunca podrán compensar la desintegración moral y las ineficiencias que pronto producen.

- ¿Qué porcentaje de los ensayos públicos es financiado directamente por la industria farmacéutica? Si los ensayos son públicos no se corre el riesgo, en buena lógica, de que pueda haber apropiación privada de esos resultados. ¿La hay?

- Autores americanos, numerosos -recuerdo ahora a Abramson y a Spitz-, estiman que el 70% de todos los ensayos clínicos es pagado directamente por las farmacéuticas. Una cantidad de dinero enorme, porque cada año se hacen decenas de miles de ensayos clínicos. Se dirá, y es cierto, que este tipo de ensayos, en los que participan seres humanos, está sujeto a unas normas legales exigentes (autorizaciones de comités de ética, protocolos, plazos, etc.). Pero también es cierto que la intención científica y la interpretación de los resultados de la prueba escapan a las regulaciones, y que una experimentación independiente e imparcial pudiera tener gravísimas consecuencias para una industria que engaña, vendiendo la mayoría de sus novedades a precios de avances terapéuticos cuando no lo son (recuerde Vd. que nada menos que el 85% tiene una eficacia relativa nula o casi nula). Sería un riesgo insoportable para la industria que la venta y beneficios previstos de un nuevo producto dependieran de criterios científicos neutrales. Como dice McHenry, un filósofo y bioético de la universidad de California, la estrategia de la industria ahora no es aceptar la evidencia, sino defender "las moléculas", las novedades. Así que, necesariamente, la ciencia ha de flexibilizarse y someterse al marketing y las normas gubernamentales, también. De un modo u otro la industria diseña y controla muchos trabajos científicos. En el 2004, creo, el fiscal general de Nueva York procesó a GlaxoSmithKline por ocultar datos clave de sus ensayos clínicos. Y este no es un caso aislado, hay decenas. ¿Quiere esto decir que todos los ensayos clínicos pagados por las farmacéuticas son tendenciosos? Claro que no. A la propia industria no le convendría. Pero el que paga manda, y la financiación por la industria del 70% de todos estos trabajos constituye sin duda una tremenda corriente de contaminación de la medicina y la ciencia públicas (incluso en las investigaciones revisadas por pares es frecuente el fenómeno llamado de "sesgo de patrocinio" o conclusiones favorables al financiador).

Por cierto, el que paga no sólo manda sino que también compra, así que yo no diría que hay una apropiación privada por la industria si el precio que cobra el hospital por el ensayo clínico es el justo (cosa que dudo, pero eso es otra historia).

- Pero si es así, si es como usted dice, ¿cómo es posible que las comunidades científicas afectadas permitan un control de estas características? ¿No deberían levantar su voz de alarma las revistas científicas de prestigio? The Lancet, por ejemplo, ¿no tiene nada que decir frente a estos asuntos como éste?

- Bueno, para las farmacéuticas la ciencia carace de interés si con ella no se hace "business", y este criterio lo han contagiado -con dinero, claro- a buena parte de la comunidad científica. Las contribuciones o donaciones de la industria han crecido el 900% en tan sólo 20 años, entre 1980 y 2000, según Lemmes. Y naturalmente también aumentó su influencia en todos los aspectos. Cuando la industria lo cree conveniente, "alquila" a científicos o médicos y a través de ellos diseña ensayos y otros trabajos de investigación clíinca, recoge y analiza los resultados, enseña los datos que son favorables y oculta o retrasa los que no le gustan, compra a médicos y académicos prestigiosos, a los que llama KOLs (key opinion leaders), para que firmen artículos que escriben unos "ghostwriters" (generalmente los departamentos de marketing o de relaciones públicas de las empresas), publica esos artículos en respetables revistas médicas y además los utiliza como referencias en el material de propaganda de sus productos (nada menos que el 11% de todos los artículos aparecidos en 1998 en las publicaciones médicas norteamericanas procedía de ghostwriters, y se estima que el porcentaje es hoy mucho mayor). En fin, como le digo, médicos y académicos relevantes son pagados por la industria para que firmen artículos que no escriben basados en datos que no recogen ni analizan y, en ocasiones, ni ven. La infección por el dinero de la industria está tan extendida en la comunidad científica que la entrega de cheques por algo que no se hace o se hace mal, es decir, por faltas de ética, ha adquirido ya una cierta naturalidad. Muchos piensan que si no lo hago yo, lo hará otro.

- ¿Y no se producen resistencias en la comunidad científica?

- Claro que hay médicos y científicos que resisten y censuran tal degradación, incluso con vehemencia, como el profesor Drummond Rennie, de la Universidad de California, que ha calificado de lamentable, escandalosa y alarmante la actitud de las universidades y los científicos. Pero los críticos no son suficientes para detener la enfermedad. Lo cierto es que la influencia de la industria ha emborronado las cosas de tal modo que en la literatura científica es difícil distinguir lo genuino de lo falso. Los editores de las principales revistas médicas del mundo (New England, Lancet, Journal of American Medical Association, Annals of Internal Medicine y otras más) se sintieron obligados a advertir conjuntamente que el actual control de la investigación clínica por las compañías farmacéuticas podría hacer que acreditadas publicaciones médicas participasen en engaños o tergiversaciones. O sea, de hecho los editores se reconocen incapaces de asegurar el rigor de los textos que publican, y honestamente lo avisan. Pero hay algo peor…

- ¿Algo peor?

- Si, efectivamente, hay algo peor, y es que además de la investigación clínica, la industria ya infecta los centros de creación del conocimiento científico (universidades, institutos especializados, etc.). Ensucia las fuentes y la misma naturaleza de la investigación básica. Verá Vd., la participación financiera de las farmacéuticas origina un clima de trabajo que empuja a los investigadores a tener más en cuenta las posibilidades comerciales del proyecto que su valor intelectual y beneficio público. La industria promueve una investigación que busca dinero por medio de la comercialización del conocimiento; orientada hacia la transferencia de tecnología, los derechos de propiedad intelectual y las patentes, y que, por tanto, considera los datos científicos como bienes personales y confidenciales. El escrutinio público y el debate abierto que permiten a otros investigadores verificar y repetir los resultados, algo imprescindible para el avance de cualquier ciencia, se hacen imposibles. La industria aísla a los investigadores y promueve la apropiación privada del conocimiento científico. Le voy a leer un párrafo de un informe, ya no reciente, de la Comisión de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos sobre nuevas formas de desarrollo de la biotecnología, párrafo que Sheldon Krimsky, profesor de la Universidad de Tufos, recoge en este libro titulado, como Vd. Ve, Ciencia in the private interest, un libro excelente. Dice así: “Las relaciones universidad/industria pueden afectar adversamente al ámbito académico inhibiendo el libre cambio de investigación científica, minando la cooperación entre departamentos, creando conflictos entre pares y retrasando o impidiendo la publicación de resultados de la investigación. Además, la financiación dirigida puede reducir el interés de los científicos por los proyectos sin suficientes posibilidades comerciales, y así dañar indirectamente la investigación básica que se hace en las universidades”. Y voy a leerle otro párrafo, mejor dicho, una pregunta, también del libro de Krimsky: “Pueden las universidades preservar el libre intercambio de ideas entre estudiantes y profesorado a la vez que cumplen los acuerdos con la industria?” Una pregunta que debería dar que pensar a aquellos, cada vez más, que en España animan con entusiasmo la asociación de la universidad o de centros de investigación básica con la industria. Lo que Krismsky llama la “desenfrenada comercialización de nuestras instituciones”.

- ¿Afirmaría usted entonces que no sólo la industria española sino que las grandes multinacionales del sector están corruptas? ¿No estamos entonces ante una situación muy peligrosa? Estamos hablando de la salud, de la vida de las personas.

- Claro que estamos hablando de una situación muy peligrosa. A lo largo de esta conversación he hecho ver varias veces que la industria farmacéutica engaña, está asentada de raíz en el engaño, y que para ocultarlo y mantener sus excepcionales rentas corrompe la investigación y los investigadores, primero, y transmite a los médicos informaciones falsas, después. Pero más responsables que la industria, mucho más, son los gobiernos, y concretamente las autoridades farmacéuticas, que lo saben todo y consienten casi todo. Una benevolencia oficial que, desde luego, la industria agradece de muchas formas. Es frecuente, por ejemplo, que cuando los altos funcionarios de farmacia son cesados encuentren en la industria trabajo con excelentes retribuciones.

- ¿Cómo cree usted entonces que debería orientarse de forma justa y razonable la investigación farmacéutica en un país como el nuestro?

- Ahora, en los minutos de una entrevista, no me atrevo a esbozar un proyecto de política de investigación farmacéutica, que requiere, claro, reflexión y debate. Pero sí le diré dos cosas: una, yo no subvencionaría, como ahora se hace, a las compañías farmacéuticas que investigan; ese es su interés, diría que su necesidad, porque sin obtener medicamentos nuevos no se puede competir en el mercado farmacéutico, y sin la posibilidad de competir una empresa no tiene razón de ser, se extingue. ¿Por qué el Estado va a estimular con subvenciones algo que las compañías están obligadas a hacer para vivir? Y dos, no mezclaría, por motivos que antes comenté, la investigación básica que debe potenciar el Estado con la investigación mercantil de las farmacéuticas.

- ¿Cuáles son las causas del creciente y supuestamente imparable gasto farmacéutico? ¿El envejecimiento de la población? ¿Quién ha sugerido, por ejemplo, que se consideran enfermedades la calvicie, la timidez, ciertos síntomas de la adolescencia, incluso el malhumor? ¿Debería contenerse este gasto? ¿Cómo hacerlo?

- El gasto se acelera por un conjunto de causas; unas empujan el volumen del consumo y otras los precios. Las principales son la aparición de nuevos productos, siempre más caros; la inflación farmacéutica o actualización de los precios de los medicamentos no nuevos; los avances tecnológicos clínicos que alargan la supervivencia de muchos pacientes, en su mayoría tratados con fármacos; la cronicidad de las enfermedades prevalentes en nuestras sociedades que requieren el uso prolongado o de por vida de medicamentos; las terapias intensivas modernas en ciertos padecimientos; la creciente medicalización de las limitaciones naturales del cuerpo humano, como las que Vd. cita de calvicie, timidez, sexo apagado, etc. que ahora pueden ser tratadas con medicinas; y también el envejecimiento de la población, aunque a lo largo del tiempo su influencia es mucho menor de la que se le atribuye (está probado que en aquellos países donde la población mayor de 65 años ha crecido más rápidamente, el gasto sanitario no ha aumentado con mayor rapidez que en aquellos otros donde la población anciana creció con más lentitud). En resumen, el gasto crece porque aumenta el coste por día de tratamiento, aumentan los días de tratamiento por enfermo y aumenta el número de enfermos. Entonces, preguntará Vd., ¿hay que aceptar el incremento del gasto? En España, de ninguna manera. Aquí el gasto es desmedido y su coste de oportunidad muy gravoso (el coste de oportunidad es en este caso el valor de lo mucho que deja de hacerse en otros sectores de la asistencia pública al destinar recursos a farmacia; dicho de otro modo, en el marco de un presupuesto sanitario finito y siempre escaso, el rápido aumento del gasto farmacéutico reduce el dinero a asignar a la atención primaria, los hospitales e inversiones). Contenerlo es, pues, indispensable y apremiante para la sanidad pública. ¿Cómo? Hay que contar primero con una decisión política firme. El gobierno ha de estar dispuesto a abandonar el hacer ver que se hace con medidas de corto recorrido (rebajas que disminuyen el coste, pero no el consumo; precios de referencia encogidos; descuentos de la industria; incentivos ridículos a los médicos, etc.) La contención es un proceso permanente, un trabajo constante de vigilancia del gasto junto a una actitud firme de resistir su crecimiento con las medidas eficaces, gusten o sean impopulares. Algo difícil para los políticos que viven al día, sin pensar en mañana (como Luis XV, “après moi, le déluge”) y eluden enfrentamientos con la industria y con los ciudadanos votantes. Es indispensable para el sistema, pero no creo que se haga nada más que ir trampeando irresponsablemente todo el tiempo que se pueda. Después, dirán, que salga el sol por Antequera.

- ¿Desea añadir algo más? ¿Cree que hay algún punto esencial que no hemos tocado?

- Pues sí, diré algo más, porque no quiero dejar de señalar cómo las farmacéuticas mitifican descaradamente su investigación cada vez que afirman (y lo hacen con mucha frecuencia, en una coordinada campaña) que la obtención de un nuevo medicamento es un proceso de enorme riesgo financiero y elevadísimo coste. Dos engaños más. Verá Vd., es obvio que la inversión en cualquier proyecto de investigación siempre está envuelta en incertidumbre. Pero esta inseguridad, este riesgo natural disminuye mucho cuando el inversor puede diversificar su cartera en varios proyectos, como ocurre con la investigación de una empresa farmacéutica, que generalmente sigue a la vez varias líneas distintas. La Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos, a la que antes me referí, estima que la diversificación permite incluso eliminar el riesgo en el desarrollo de nuevos medicamentos, eliminar, dice, no sólo disminuir. Además, la industria farmacéutica recibe una especial seguridad añadida en las naciones con sistema de salud de libre acceso universal, donde la efectividad de la demanda farmacéutica está garantizada con el dinero público, lo que reduce la inestabilidad del mercado y por ello el riesgo de la innovación. La industria sabe que cualquier nuevo fármaco nace con la certeza de que el Estado sufragará su consumo para todos los que lo necesiten. En fin, ese “enorme” riesgo según la industria es, en la práctica, pequeño o quizá nulo.

Y algo similar puede decirse del coste “elevadísimo”. También está hinchado. Desde luego no es barato poner en el mercado un medicamento verdaderamente nuevo. Exige no pocos recursos financieros. No pocos, pero cuántos, qué cantidad concreta, se desconoce. La industria oculta desde siempre las cuentas de la investigación (mantuvo durante 9 años, y ganó, una batalla legal contra la General Accounting Office, de Estados Unidos, que pretendía revisarlas), y no es posible saber qué gastos incluye en dicha partida ni, claro, el coste real de un nuevo fármaco. No hay datos ciertos que puedan ser contrastados. Las cifras que se manejan y airean son simples estimaciones teóricas y académicas pagadas, salvo excepciones, por la industria. En recientes anuncios en prensa, Farmaindustria asegura que el coste de un nuevo medicamento es de “más de 800 millones de euros” (133.000 millones de pesetas), pero Public Citizen Congress Watch, una organización de consumidores establecida en Washington, muy respetada por su independencia y rigor, lo calcula en unos 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas); es decir, 710 millones de euros menos. Una diferencia tan desmedida que sólo es posible si alguien miente, y el que más se beneficia de hacerlo es la industria.

* Artículo extraído de la revista El Viejo Topo nº 229

5 Abril 2007

España, 26/03/07- Las ONGD de la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de España (CONGDE), en su Asamblea General del pasado sábado, han aprobado una resolución para promover la firma de un pacto de Estado contra la Pobreza.
El objetivo es que la política de Cooperación internacional para el desarrollo, “sea una política de Estado”, y así conseguir que la lucha contra la pobreza vaya más allá de las promesas electorales o de acuerdos coyunturales. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los principales partidos políticos suscriban un Pacto de Estado contra la Pobreza, de tal manera que la cooperación internacional sea una política que se desarrolle conforme a unos principios básicos que abarquen varias legislaturas, y, por tanto,vincule voluntades y compromisos que alcancen a cualquiera de las formaciones políticas que hayan obtenido de la ciudadanía la correspondiente legitimidad democrática para gobernar.
"La propuesta ya está lanzada. Ahora les toca a los partidos políticos demostrar su grado de implicación en la lucha contra la pobreza", ha declarado el Presidente de la Coordinadora, José María Medina.
Hasta la fecha, la Coordinadora ha mantenido reuniones con los principales partidos políticos de ámbito nacional, sin que se haya conseguido el compromiso en firme.
Políticas sostenidas en el tiempo
Los Objetivos del Milenio (ODM), que deben lograrse en 2015, representan sólo el punto de partida para la consecución de un nuevo modelo de desarrollohumano y sostenible, basado en los derechos humanos, inclusivo, con enfoque de género, orientado a la erradicación de la pobreza y al establecimiento de un sistema de comercio mundial que apareje un reparto más equitativo de los beneficios.
Tanto la Coordinadora como las Coordinadoras Autonómicas de ONGD están promoviendo pactos no sólo a nivel central sino autonómico y local, para que estos retos se formalicen y concreten en políticas coherentes y progresivas en el tiempo.
Desde la Asamblea General de la CONGDE también se ha llamado a la ciudadanía para que se movilice y presione en torno a la consecución de estos pactos, así como de los cambios ymedidas específicas que se requieren para el cumplimiento de los ODM.
La Asamblea General de la Coordinadora ha aprobado además nuevos Estatutos y reglamento de régimen interno. Entre las novedades más destacables, sobresale la incorporación de procedimientos que refuerzan elcontrol democrático de sus órganos de gobierno, la participación interna de sus organizaciones miembro, la exigencia de responsabilidades y de "dación" de cuentas ante susentidades asociadas, así como los que se refieren al funcionamiento, elección de representantes e integraciónde la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta en el funcionamiento cotidiano de la Coordinadorade ONGD.


19 Marzo 2007


Según se refleja en el III Estudio Internacional Axa sobre jubilación de 2006, el 65% de los pensionistas españoles considera insuficiente el dinero con el que cuentan para cubrir los gastos domésticos durante su jubilación.

Con unos ingresos medios de 861 euros mensuales, los jubilados afirman que necesitarían hasta un 22,7% más de rentas para poder hacer frente a todos sus pagos, lo que supondría un ingreso mensual adicional de 196 euros, hasta los 1.057 euros.
Del total de ingresos percibidos por los jubilados en la actualidad, el 92% proviene de su pensión de la Seguridad Social, mientras que un 61% percibe sus ingresos de la contribución voluntaria que realizó en su momento a través de la empresa en que trabajaba, y el 63% gracias a su propia contribución mediante la compañía.
La población trabajadora actual, en cambio, aumenta progresivamente el peso de la inversión privada en sus ahorros para la vejez, de tal forma que hasta un 38% cuenta con un plan de pensiones individual, frente a el 21% de los jubilados que declaran tenerlo.
Los seguros de vida y de ahorro también representan un mayor peso respecto al que contaban en el caso de los jubilados, de forma que hasta el 36% y 31% de la población activa, respectivamente, cuentan con este tipo de seguros, frente al 18% y 17% de los jubilados.
Además, los españoles destinan un importe total de 162 euros al mes para su jubilación, la cifra más baja sólo por encima de Portugal (108 euros) y China (61 euros), y menos que el resto de países europeos, donde Reino Unido destina 322 euros, seguido de Bélgica (216 euros), Alemania e Italia (204 euros) y Francia (198 euros).
Una de las principales conclusiones del estudio, según señaló el director de marketing de Axa Winterthur, Ignacio Olabarri, es que los trabajadores actuales eligen cada vez más soluciones individuales complementarias que lo que lo hacía en su tiempo la población jubilada, a pesar de que la inmensa mayoría, el 68%, confía en que el sistema público de pensiones se mantenga cuando alcancen los 75 años de edad.
En este sentido, y aunque la mayoría de los españoles, tanto trabajadores en activo (95%) como jubilados (93%), consideran que el Estado debe continuar siendo el principal proveedor de los ingresos de jubilación, hasta el 70% de los trabajadores y el 55% de los jubilados creen que se producirá una reforma en los sistemas de pensiones en los próximos 10 años.

6 Enero 2007

¿Se están cumpliendo los objetivos del Pacto Mundial? (1)

En 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el Secretario General propuso un "Pacto Mundial" entre las Naciones Unidas y el mundo de los negocios. La fase operacional del Pacto se inauguró el 26 de julio de 2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El fin de este Pacto es que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la mundialización e inyectar en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas.

El Secretario General ha pedido a las empresas del sector privado que hagan suyos los diez principios del Pacto y los apliquen en su actividad. Pide también a los dirigentes de organizaciones laborales y de la sociedad civil que participen en el Pacto y lo utilicen como foro de diálogo sobre diversas cuestiones polémicas ligadas a la mundialización y el desarrollo.

La primera reunión, a la que asistieron dirigentes de los tres sectores, se celebró en el año 2000.

El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Estos diez principios se basan en:

ü La Declaración Universal de los Derechos Humanos

ü La Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Organización Internacional del Trabajo)

ü La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

ü La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

DERECHOS HUMANOS

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar a protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional;

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos.

NORMAS LABORALES

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;

Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.

MEDIO AMBIENTE

Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales;
Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental;
Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

Principios del Pacto Mundial

No basta decir —aunque sea verdad— que sin los negocios los pobres no tendrían ninguna esperanza de escapar de la pobreza. Para muchos de ellos no hay actualmente ninguna esperanza.

Los que tienen el poder y los medios, los gobiernos y las empresas, deben demostrar que la economía, si se aplica correctamente, y las utilidades, si se invierten prudentemente, pueden poner los beneficios sociales al alcance no sólo de los menos sino de los más y, en definitiva, de todos.

Kofi Annan

Ex Secretario General de las Naciones Unidas

Sobre FORO CIVICO NOTODOVALE

El concepto "Notodovale" identifica el sentir de muchas personas ante los acontecimientos diarios. Nuestro lema es Protesta, Reclama y Denuncia ante lo que creas injusto. Protesta, usa tus derechos, denuncia las injusticias y las acciones vandálicas. Creemos en una sociedad tolerante, pero donde no todo tenga cabida. Se trata de rebelarse frente a la violencia, el abuso, el despilfarro, la injusticia y la manipulación, para ello promovemos la denuncia y el boicot como medio de resistencia pasiva ante los ataques contra los derechos humanos y civiles. Este Foro Cívico trata de dar a conocer la reflexión de quienes, desde una perspectiva progresista, opinan sobre los problemas que directamente nos afectan como ciudadanos. Si quieres publicar tu reflexión con respeto y sentido constructivo envía un e.mail a comunidadvirtualnotodovale@hotmail.com No se admitirán comentarios ofensivos contra nadie.
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